Adriana Palomera y Beatriz Seguel participan del programa “La Sociedad de la Ciencia” de Radio USACH

Percepción vs. Realidad: Los datos del escenario actual

Durante la entrevista, se destacó la brecha existente entre la percepción pública y las cifras oficiales. Mientras que encuestas indican que 6 de cada 10 personas en Chile consideran la inmigración como “excesiva”, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Servicio Nacional de Migrantes sitúan a la población extranjera en un 8-9% del total nacional, cifra que está por debajo del promedio de los países de la OCDE (10-15%).

Adriana Palomera explicó que esta sensación de “invasión” responde a la concentración territorial en ciertos polos urbanos, lo que genera un impacto visual y social en comunidades específicas, aunque a nivel nacional el porcentaje sea menor. Además, subrayó que la migración irregular ha mostrado una baja sostenida desde 2023, lo que cuestiona la urgencia de medidas restrictivas basadas solo en la contingencia.

Los riesgos de la desprotección en salud y educación

Uno de los puntos más críticos discutidos fue el proyecto de ley que busca limitar el acceso a beneficios fiscales para migrantes irregulares. Las investigadoras CEM advirtieron que restringir derechos básicos como la educación y la salud puede tener efectos contraproducentes para la sociedad chilena en su conjunto:

• Salud Pública: Limitar el acceso a la salud primaria pone en riesgo la prevención de enfermedades y puede generar colapsos en los sistemas de urgencia. Palomera destacó que el sistema sanitario chileno es un “orgullo nacional” basado en la prevención universal, y que la exclusión podría provocar un alto riesgo para toda la población residente en Chile.

• Niñez y Adolescencia: Restringir el ingreso a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes solo aumenta la precarización y la vulnerabilidad, dejando a esta población fuera de los procesos de integración necesarios para sociedad.

Una mirada territorial y humana

Beatriz Seguel enfatizó que las políticas públicas deben tener una perspectiva territorializada. “Al momento de quitar el acceso a esos derechos esenciales, las personas, en la práctica, siguen viviendo en distintos espacios del país”, señaló, advirtiendo que la falta de seguimiento y la invisibilización de estas familias generan un “vacío” para la gestión local.

Asimismo, las expertas recordaron que Chile es una sociedad que envejece y que la población migrante ocupa puestos de trabajo que muchas veces el nacional ya no desea, cumpliendo un rol económico relevante.

Hacia una política migratoria integral

Finalmente, desde el CEM se hizo un llamado a legislar con base en la evidencia y la experiencia internacional. Países como España han demostrado que las políticas de “barrera” suelen fracasar, aumentando la informalidad y la precariedad. Para las investigadoras, la solución no radica únicamente en lo coercitivo, sino en una gestión que permita identificar a las personas y garantizar una convivencia armónica basada en el respeto a los derechos humanos fundamentales.