Byron Duhalde en entrevista para EMOL sobre expulsiones pendientes

30 mil expulsiones pendientes: Crítica situación migratoria, lo que reflejan los números y las maneras de abordarlo

Solo en el primer trimestre de 2024, se han registrado 17 mil ingresos clandestinos y 668 expulsiones. Conoce los detalles.

El Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, entre otras autoridades, se reunieron hace unos días con distintos diputados y senadores de la Comisión de Seguridad. ¿La razón? Entre otros temas, analizaron la crisis migratoria actual y su posterior control. Una de las peticiones de los diputados de la UDI fue, precisamente, la creación de una fuerza especial de la Policía de Investigaciones (PDI) para dar respuesta a las 30 mil expulsiones pendientes de extranjeros. De acuerdo a lo informado por Tohá, la gran mayoría han sido decretadas hace más de cinco años.

Tal como consignó El Mercurio, la ministra Tohá mencionó que las “personas que están en Chile con un decreto de expulsión, que aún no se ha ejecutado, el Estado tiene que tener el control sobre sus movimientos, que hoy no tiene ninguno; vamos a presentar al Parlamento una modificación a la ley en ese sentido, para que las personas que están a la espera de que se lleve a cabo una medida de expulsión decretada previamente, sepamos dónde está”.

Un informe de Migraciones presentado a la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, reveló que solo en el primer trimestre de este año se registran 17 mil ingresos clandestinos y 668 expulsiones. Cifras críticas que agudizan aún más la crisis migratoria que enfrenta el país.

Sin embargo, el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, descartó posibilidad de la expulsión de los 30.000 extranjeros en lo que queda de 2024: “Es necesario hacernos cargo de los decretos de expulsión que están vigentes, pero de aquí a fin de año es imposible expulsar a 30 mil personas”.

Y agregó que “¿qué hacer con esas 30.000 personas que tienen un decreto de expulsión vigente? Desde nuestro punto de vista, como Gobierno, no es aceptable que esas personas no comparezcan ante la autoridad administrativa. Entonces, tenemos que buscar mecanismos normativos en los que se están trabajando para restringir la movilidad de esas personas y obligarlas a comparecer ante la autoridad. Tenemos que aumentar las cargas de las policías para detectarlas también. Hay que avanzar en las distintas líneas para poder hacernos cargo de esta realidad".

¿Dónde están las personas con orden de expulsión?

Byron Duhalde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, señala que “no existen medidas que controlen la movilidad interna de las personas en situación irregular que deben comparecer ante la autoridad administrativa por procesos de expulsión. Dado las restricciones en el acceso al empleo y servicios sociales básicos, en la práctica es imposible determinar con exactitud las actividades que realizan estas personas. Es posible inferir que dada la situación de vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran por las limitaciones al acceso a desarrollar actividades formales, muchos de ellos se ven obligados a insertarse en actividades informales como el comercio ambulante, explotación laboral, entre otras”.

En cuanto a los costos de las expulsiones para el Estado, el especialista menciona que, según información de la Cuenta Pública 2024 del Sermig, “en 2023 se materializaron 946 expulsiones, con un gasto de $3.258.804.734 para el Estado, por lo que es posible señalar que la expulsión de treinta mil personas como señala Thayer, en la práctica es económica y procedimentalmente inviable”.

Duhalde menciona que el periodo de tiempo para gestionar las expulsiones puede variar en función de los plazos administrativos y gestión de documentos. Y explica que expulsar a personas pertenecientes a países que no son fronterizos con Chile, requiere del retorno en vuelos, “los cuales deben ser coordinados con los países de destino en términos operativos del vuelo en sí mismo (apertura de espacio aéreo) y documentación de personas expulsadas”.

Ante la pregunta: “¿Existen deficiencias en la ley en cuanto a las expulsiones?” El especialista detalla que lo que existe son limitaciones en los recursos disponibles para gestionar casos de ingresos irregulares, dada la magnitud de las cifras de personas en dicha condición. Asimismo, agrega que la normativa no aborda de manera adecuada un proceso de movilidad compuesto por personas en situación de vulnerabilidad.

¿Posibles medidas?

En cuanto a las medidas, Carolina Stefoni, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), señala que una acción para paliar la crisis es un proceso de regularización, “hay que entender que las personas que entran de esta forma es porque no encontraron otra manera, están desesperados, quieren reunificación familiar y la única solución es generar un proceso de regularización” para las personas que cumplan con los requisitos necesarios, ya que “el gran porcentaje de personas que están en situación irregular, necesitan regularizarse para seguir viviendo en condiciones dignas”.

Por último, la investigadora advierte que “todos los días siguen entrando personas y que el discurso de que se está reduciendo la migración y de que ya no es necesario tener los dispositivos en Colchane, es falso, porque las personas están llegando igual y necesitan ayuda humanitaria que no se les está dando. Estamos retrocediendo a lo que teníamos en pandemia, quizás no en la magnitud, pero sí en la indolencia para poder abordar una problemática humanitaria”.

Fuente: Emol Social Facts