Beatriz Seguel es entrevistada por Emol Social Facts

Fiscalización al debe de extranjeros ilegales: Fallas, vacíos y consecuencias

El aumento de la migración irregular revela las deficiencias del sistema de fiscalización en Chile. Falta de coordinación y baja efectividad marcan esta crisis.

Andrea Cova Moore

En medio del aumento de las tensiones por los controles migratorios y los casos de expulsiones frustradas, surgen dudas sobre cómo se fiscaliza realmente a las personas extranjeras que residen de manera irregular en Chile. Un caso reciente, de una persona que fue fiscalizada dos veces por Carabineros sin resultados claros, evidencia la falta de coordinación entre instituciones y las ineficiencias del sistema.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Servicio Nacional de Migraciones, al 31 de diciembre de 2021 el número de extranjeros ilegales en Chile llegó a 109.846 personas. En dos años, esta cifra se triplicó, alcanzando las 336.984. Es decir, en 2018 la población en situación irregular representaba solo el 0,8% del total estimado de extranjeros, y a fines de 2021 llegó al 6,7%. Estas cifras evidencian una importante crisis en la materia, un tema que se ha convertido en uno de los más relevantes del debate presidencial.

Según los datos disponibles, los migrantes irregulares se concentran principalmente en la Región Metropolitana, con un 43,1%. Un 21% no tiene lugar de residencia conocido, mientras que el 6,9% vive en Valparaíso, el 4,1% en Antofagasta y el 3,9% en Biobío.

Proceso de fiscalización

Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello, explica que la fiscalización migratoria en Chile es responsabilidad principal de la Policía de Investigaciones (PDI), como policía especializada en control migratorio. Sin embargo, su efectividad depende de la coordinación con Carabineros, que realiza controles preventivos en terreno, y con el Servicio Nacional de Migraciones, encargado de tramitar sanciones, multas o expulsiones administrativas derivadas de estas fiscalizaciones.

En la práctica, comenta Bellolio, el sistema opera de forma fragmentada. “Carabineros puede detectar a una persona en situación irregular, pero debe derivar el caso a la PDI o al Servicio Nacional de Migraciones para continuar el procedimiento. Si no existe interoperabilidad entre las bases de datos ni protocolos claros de actuación conjunta, la fiscalización queda inconclusa”. Por eso, añade, uno de los desafíos más urgentes es avanzar en la interoperabilidad de la información y la capacitación coordinada, especialmente con Carabineros y, en zonas fronterizas, con las Fuerzas Armadas.

¿Por qué muchos de los controles no derivan en sanciones?

Según Bellolio, el problema radica principalmente en la falta de gestión y voluntad política. Aunque el marco legal existe, el Servicio Nacional de Migraciones ha optado por una política de baja sanción y alta discrecionalidad, priorizando programas de regularización incluso para quienes ingresaron clandestinamente. “A esto se suma la ausencia de un sistema integrado que permita que las fiscalizaciones de la PDI o de Carabineros se traduzcan automáticamente en procedimientos administrativos del Servicio Nacional de Migraciones. En muchos casos, los informes quedan sin seguimiento, y los extranjeros permanecen en el país sin sanción ni regularización”.

La mirada de los expertos

Beatriz Seguel, geógrafa e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, señala que los controles migratorios no siempre derivan en sanciones inmediatas, ya que en Chile la irregularidad no se considera delito, sino una falta administrativa que requiere un proceso previo antes de la expulsión. Agrega que la condición irregular no sólo se refiere al ingreso por pasos no habilitados, sino también a la caducidad de permisos de residencia. En ese contexto, explica, los casos pueden concluir con resoluciones de abandono o expulsión, mientras que las personas con órdenes vigentes sí pueden ser detenidas por la PDI.

Por su parte, Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, advierte que aumentar la capacidad de fiscalización no basta si el Estado no cuenta con herramientas efectivas para controlar a la población en situación irregular. Cuando una persona es fiscalizada y no tiene antecedentes penales, debe iniciarse un proceso administrativo que puede terminar con una orden de expulsión, “pero Chile no tiene capacidad para ejecutar todas”. Por eso, enfatiza, se debe priorizar la deportación de quienes presentan antecedentes o reincidencias de ingreso irregular.

A juicio de Ramaciotti, la migración irregular no puede abordarse únicamente a través de expulsiones. Es necesario combinar medidas que incluyan políticas de integración y mecanismos que desincentiven los ingresos clandestinos. En sus palabras, el país necesita fortalecer el control fronterizo, sancionar también a los empleadores que contraten migrantes sin cumplir la ley y agilizar los procesos de visado para quienes cumplan los requisitos legales.

Respecto de quienes ya están en Chile, el experto plantea que se debe avanzar en la regularización de las personas sin antecedentes penales que demuestren arraigo familiar o económico. Mantener a más de 300 mil personas con estatus irregular, advierte, no sólo afecta la integración social y económica de los migrantes, sino también la cohesión social, el mercado laboral y la seguridad pública del país.

Fuente: EMOL Social Facts