Byron Duhalde en entrevista para EMOL sobre modificación a Ley Migratoria

Aprobada por la Cámara de Diputados: Endurecimiento de la Ley Migratoria, en qué consiste y posibles resultados

A propósito de la crisis migratoria que atraviesa Chile, la iniciativa pasa a segundo trámite. Estos son sus detalles y alcances. ¿Cómo incide en la migración?

Sin votos en contra y sin abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que modifica y endurece la actual Ley 21.325 de Migraciones y Extranjería. Más de 56 artículos serán modificados de la actual normativa y permitirá perfeccionar materias relacionadas con causales de expulsión, revocación de permisos, sanciones por fomento, entre otros.

Con 142 votos a favor, el proyecto pasará al Senado y se discutirá su eventual aprobación. Esta iniciativa establece una serie de modificaciones. Por ejemplo, dicta que el Estado propenderá, en conformidad de la ley, a proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que estén en Chile, esto, sin desmedro de los derechos de los nacionales.

De manera más específica, la normativa establece nuevas prohibiciones de ingreso al país, por ejemplo, si la persona tiene causal de condena por violencia intrafamiliar o si fue condenado en el extranjero en los últimos diez años por delitos que la ley chilena califique como un crimen, o en los últimos cinco años, por actos que en Chile sean calificados de simple delito.

Además, busca ampliar las causales de expulsión del país, tanto para aquellos con permanencia transitoria como residencia definitiva y quiere incorporar nuevas causales de rechazo de permisos de residencia, así como también, la revocación del mismo.

En cuanto a las modificaciones de la ley actual, en el proyecto se consideran medidas para incorporar los datos biométricos de quienes estén en situación irregular, se modifican las sanciones a los medios de transporte que retrasen o no lleven a cabo las medidas de expulsión.

También podría existir una modificación, de aprobarse la ley, al Código Penal, ya que buscan aumentar las penas en contra de aquellas personas que promuevan la entrada ilegal a Chile y, al mismo tiempo, se endurecen las penas por tráfico ilícito de migrantes. Otra medida que busca ser incorporada es la posibilidad de rechazar solicitudes de residencias a quienes hayan sido condenados en reiteradas ocasiones por infracciones, contravenciones o faltas que sean competencia de los Juzgados de Policía Local.

Por otro lado, el proyecto de ley fija un nuevo procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) que entran al país sin un adulto responsable o sin documentación, aquí se establecen mecanismos de colaboración especial con el país de origen para asegurar el respeto a los derechos de los menores.

Acceso a la educación

Asimismo, el proyecto dicta en cuanto al acceso a la educación que no podrá ser denegada a causa de su condición migratoria, no obstante, existe una indicación que establece que sí se podrá priorizar el derecho de los nacionales. Esta indicación generó rechazo en el Gobierno y la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que buscará una solución en el Senado.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta el 31 de diciembre de 2022, se estima que en el país se encontraban 1.625.074 personas extranjeras, siendo el grupo más grande, los venezolanos, seguido por los peruanos.

Para el año 2021, esta estimación llegaba a 1.564.160 y para el 2020 a 1.501.995 personas, lo que demuestra el aumento de la llegada de extranjeros a Chile.

La mirada de los expertos y las repercusiones

Álvaro Bellolio, exdirector del Sermig, explica que, en general, el proyecto busca establecer un control más efectivo sobre los flujos migratorios ilegales mediante medidas como aumentar las causales de expulsión, endurecer sanciones y desincentivar los privilegios a extranjeros que ingresan ilegalmente por sobre nacionales y extranjeros que solicitan visas. “Estas medidas pretenden desincentivar el ingreso irregular al no otorgar ventajas migratorias a quienes entran ilegalmente y reforzar sanciones y facilitar expulsiones, contribuyendo a reducir la percepción de impunidad en el sistema actual”, advierte.

En cuanto a las repercusiones, el experto comenta que serán positivas, ya que se refieren a un mayor control migratorio: “Las medidas más estrictas podrían desalentar el ingreso irregular, reforzando la seguridad y facilitando una migración más ordenada. A su vez, también se reduce del abuso del sistema: Limitar los beneficios para quienes ingresan irregularmente desincentiva su uso como herramienta de acceso al país”.

“Estas propuestas reflejan un cambio en el enfoque migratorio, enfatizando que ingresar clandestinamente no debería ser premiado con acceso a beneficios prioritarios como la educación o la residencia regularizada, lo cual ha sido una crítica recurrente. El abuso en el uso de beneficios demuestra el bajo interés de algunas autoridades en resolver de fondo los problemas de seguridad y migración”, puntualiza.

Byron Duhalde, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad Santiago de Chile, explica que esta iniciativa aborda desde una perspectiva de seguridad elementos que se han desarrollado y que se asocian a la migración en torno a lo delictivo, ampliando causales de expulsión a todo aquel que desarrolle actividades ilícitas como porte de arma, violencia intrafamiliar, homicidios, explotación sexual, entre otros.

Fuente: Emol Social Facts