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Entrevista EMOL, Investigador CEM: EXPULSIONES PENDIENTES Y LAS RAZONES QUE IMPIDEN SU TRAMITACIÓN: CIFRAS Y DATOS QUE EXPLICAN LA SITUACIÓN
Byron Duhalde, académico del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago y Magíster en Estudios Internacionales, explicó a EMOL que esa cifra “acumulada por la historia de la historia”, se debe a que “existe un déficit de capacidad para llevar a cabo las expulsiones correspondientes. Se han ingresado más de 20 mil decretos de expulsión dictados en los últimos años, sin embargo, la capacidad de materializar es menor a la que se requiere”.
En lo que va del Gobierno actual, se han realizado 4.108 expulsiones. Sin embargo, existe una numerosa cifra “acumulada por la historia de la historia”, según admite la autoridad.
Durante una comparecencia en la comisión investigadora sobre inteligencia y crimen organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, mencionó que “Chile tiene acumuladas 28.000 órdenes de expulsión, que no es de este Gobierno, es acumulado por la historia de la historia”. Una cifra inédita que evidencia una realidad en el país. No obstante, en la instancia la ministra afirmó el compromiso del Gobierno en buscar soluciones al problema.
Tohá enfatizó que “mientras no se ejecute esa expulsión, no tenemos ningún control de dónde están. No sabemos nada de ellos”. Sin embargo, según datos del Gobierno, en lo que va de 2024 se han realizado 411 expulsiones a distintos destinos; de estos, 208 son por razones administrativas, que se refieren a incumplimientos de la normativa migratoria, y 203 por orden judicial que tiene relación cuando la persona extranjera comete algún delito penal y la aplicación depende de un tribunal.
El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, puntualizó en la instancia que “en lo que va de Gobierno se han dictado, al mes de abril, 4.108 expulsiones” y “se han materializado 558 expulsiones solo administrativas”. En cifras más detalladas, de acuerdo con el Serming, en 2023 se ejecutaron 1.070 expulsiones, mientras que, en 2023, la cifra llegó a 950.
¿A qué se debe la cifra?
Byron Duhalde, académico del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago y Magíster en Estudios Internacionales, explica que esa cifra “acumulada por la historia de la historia”, se debe a que “existe un déficit de capacidad para llevar a cabo las expulsiones correspondientes. Se han ingresado más de 20 mil decretos de expulsión dictados en los últimos años, sin embargo, la capacidad de materializar es menor a la que se requiere”.
El experto detalla que esta cifra también se debe a que “según el procedimiento legal, la policía debe notificar presencialmente a una persona que se le inicia un procedimiento de expulsión, luego de 10 días, notificarla nuevamente de manera presencial, luego tomarla para expulsarla por tercera vez de manera presencial. Esto hacía que se necesitara mucho personal policial y complicara más la expulsión, dado que, según la Ley, la única forma de llevarla a cabo es en el domicilio de la persona o en dependencias de la Policía”.
Sin embargo, explica que “el procedimiento se realizó de manera más expedita haciendo modificaciones legales pudiendo notificarlas por carta, y ahora se está buscando desarrollar una plataforma para poder realizar estas notificaciones mediante correo electrónico, para poder hacerlo de manera más expedita”.
Por su parte, Édgar Fuentes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, menciona que debido a las rigurosidades que se deben cumplir al momento de expulsar a una persona del territorio nacional, pueden existir ciertos retrasos y una acumulación en los procesos.
Asimismo, detalla que para el funcionamiento de este tipo de medidas debe existir “una coordinación de carácter internacional con el país que va a recibir a esta persona, no es simplemente que yo los pueda expulsar, sino porque al expulsarlos de mi territorio tienen que llegar a otro, y esos países deben estar dispuestos a reconocer el ingreso y hacerlo de acuerdo a su normativa interna. Si bien lo normal es que la expulsión pueda generarse a los países de origen, eso no implica que sea del todo sencillo y por eso genera ciertos tipos de dificultades llevar a cabo este tipo de prácticas y sobre todo cuando existe una gran cantidad de personas en una situación similar”.
Entidad a cargo
De acuerdo a lo explicado por Duhalde, las expulsiones las realiza la Policía Nacional de Investigaciones (PDI) con apoyo y financiamiento del Servicio Nacional de Migraciones, y hay expulsiones administrativas que puede dictar el Sermig, pero aun así quien lleva a cabo el procedimiento de expulsión en la práctica es la PDI.
“En el artículo 132 se especifica la forma de disponer la medida, donde se expone que efectuada la notificación de expulsión mediante carta o personalmente, se tendrá un plazo de 10 días respecto a una causal de expulsión invocada. Además, se agrega que la medida de buscar a la persona para realizar la expulsión solo puede realizarse en su domicilio o en dependencias de la Policía”, detalla el académico.
Por último, Duhalde puntualiza que “los procesos de expulsión no son fáciles de concretar, dada la cantidad de medios humanos, logísticos y económicos que implica la ejecución de estos actos. Por otro lado, considerar la gama de prioridades y urgencias que tiene el Sermig en diversas áreas de la gestión migratoria. Focalizar todos los esfuerzos en las expulsiones no solucionará las complejidades del proceso migratorio”.
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